En la última década, la cooperación internacional descentralizada (CID) ha ganado fuerza como una herramienta estratégica de gestión para fortalecer el desarrollo sostenible territorial. Su avance se refleja en la creciente participación de las municipalidades, la consolidación de redes internacionales de ciudades (ej. Mercociudades, CGLU, ICLEI), el reconocimiento por parte de los Estados y del Secretario General de la ONU (i.e., Grupo Asesor sobre Gobiernos Locales y Regionales), y la creación de nuevos mecanismos innovadores de cooperación financiera y técnica (ej. cooperación descentralizada triangular).
Sin embargo, en Chile la mayoría de las municipalidades carece de estructuras, estrategias y financiamiento para aprovechar su potencial. Entre los principales factores que explican esta situación se encuentran el cambio de administraciones y rotación de personal; la escasez de profesionales capacitados; el desconocimiento general de la CID; y la ausencia de unidades municipales especializadas con presupuestos anuales.
Pero los desafíos van más allá de las propias municipalidades y no pueden atribuirse exclusivamente a ellas. El Estado ha desempeñado hasta ahora un rol débil como promotor de esta modalidad y de la participación de las municipalidades en ella. A diferencia de países vecinos como Colombia y México, las municipalidades chilenas que deciden involucrarse en la CID lo hacen, mayormente, sin el apoyo de instituciones públicas a nivel nacional o regional. Esta situación revela una brecha estructural en el ecosistema de la cooperación internacional en Chile.
Por su parte, la graduación de Chile como receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2018 perjudicó profundamente al país como receptor de cooperación internacional, reduciendo drásticamente el acceso a cooperación técnica y financiera tanto para el gobierno central como para los gobiernos subnacionales. A ello se suma la actual crisis de financiamiento del sistema internacional de desarrollo, marcado por los abruptos recortes de países donantes tradicionales del Norte Global y las reformas del proceso de ONU80. Este escenario plantea nuevos desafíos en un contexto de cuestionamiento populista y creciente desconfianza, cuyos proponentes buscan reducir aún más, o derechamente tumbar, la cooperación internacional en su cruzada contra el multilateralismo.
Al mismo tiempo, este escenario abre una oportunidad para renovar la cooperación internacional. Situar a la CID y las municipalidades como actores protagónicos, y no periféricos, permitiría impulsar una cooperación internacional más cercana a las comunidades, con procesos de desarrollo que aseguren mayor inclusión, efectividad y responsabilidad hacia un ecosistema de cooperación internacional más dinámico, resiliente e innovador.
Para ello, la participación de las municipalidades en la CID no debería ser sujeto exclusivamente de la voluntad política de una administración determinada; se debería concebir como un área de gestión estratégica del Estado, y en especial por el gobierno central. Desde un enfoque de complementariedad, el gobierno central, al asumir un rol activo en la CID, no solo resguarda sus propios intereses, relativos a asegurar que las acciones internacionales de las municipales no comprendan materias propias de ley contemplen asuntos que no sean compatibles con la política exterior del país, sino que además contribuiría a acelerar la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A nivel mundial, dos tercios de las 169 metas de los ODS no se alcanzarán sin la participación de las ciudades y regiones, y de ellas solo 35% están en camino de alcanzarse o registran avances moderados (OECD, 2023; United Nations, 2025). A su vez, el Tercer Informe Nacional Voluntario 2023 evidencia que persisten importantes desafíos para alcanzar los ODS a 2030 en Chile, especialmente en el ámbito social.
Frente a este diagnóstico, y con el fin de proponer líneas de acción que contribuyan a la discusión sobre la construcción de un ecosistema de cooperación internacional más inclusivo en Chile, se plantean a continuación seis medidas clave para promover una mayor participación de las municipalidades, fortalecer su gestión estratégica y proyectar el papel de la CID en el país:
- Creación de una unidad ministerial dedicada exclusivamente a la cooperación internacional descentralizada (CID).
- Esta unidad, que podría ubicarse en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) u otra dependencia ministerial, debe contar con personal calificado, presupuesto suficiente y un marco normativo claro. Sus funciones principales deben centrarse en promover, gestionar y facilitar las acciones de CID que reciban y otorguen las municipalidades, velando por una adecuada articulación interinstitucional y brindando un acompañamiento y asistencia técnica permanente a las municipalidades.
- Incorporación de la CID en la Política Nacional de Descentralización.
- Para que la CID adquiera mayor relevancia como una acción estratégica de las municipalidades, es importante que se integra esta modalidad en los principales marcos y políticas del gobierno central. Si bien ya está reconocida en la Estrategia de Cooperación Internacional Chilena para el Desarrollo 2023-2026 de la AGCID, su inclusión explícita en la Política Nacional de Descentralización representaría un avance significativo para consolidar su institucionalización.
- Generación de una plataforma digital de gestión del conocimiento en CID.
- Actualmente no existe un servicio digital estatal que canalice la información en esta materia, lo que obliga a cada municipalidad a desarrollar sus propios instrumentos de gestión. Por ello, resulta fundamental crear una plataforma única que presente y articule la oferta y demanda de cooperación internacional, incluyendo mapas de cooperación, visores de convocatorias, manuales y otros recursos, con el fin de democratizar el acceso a la información y aumentar la capacidad de las municipalidades para identificar y aprovechar oportunidades de cooperación.
- Mayor acceso, socialización y formación en CID para las municipalidades.
- Para reducir brechas en el acceso a oportunidades y conocimiento, se requiere establecer un plan anual de capacitaciones dirigidas a funcionarios/as municipales para abordar los marcos normativos pertinentes, las acciones de la CID y sus principales instrumentos.
- Asimismo, es fundamental promover una participación equitativa de las municipalidades en las instancias de cooperación lideradas por la AGCID, como el Programa de Cooperación Descentralizada Chile-Argentina y las comisiones mixtas de cooperación. En estas últimas, y siguiendo la buena práctica de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, debiera contemplarse la publicación de calendarios anuales de convocatorias con información completa y actualizada oportunamente (bases, cronograma, contactos, formatos para la presentación de proyectos, etc.).
- Fortalecimiento de las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAI) de los gobiernos regionales.
- En general, las URAI del país son extremadamente limitadas en cuanto a capacidades y presupuesto. Es necesario garantizar un piso mínimo de personal capacitado y financiamiento para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones en materia de CID. A su vez, es importante que los gobiernos regionales incorporen la CID en sus Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) y consideren el diseño de políticas regionales específicas de cooperación internacional.
- Campaña transversal e interministerial sobre el Desarrollo en Transición.
- El concepto de “Desarrollo en Transición” plantea que el desarrollo es un proceso complejo, multidimensional y divergente, y que las trampas impuestas a los países de renta media y graduados de la AOD perjudican aspectos fundamentales de su desarrollo.
- Pese a los esfuerzos de la AGCID, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE mantiene mediciones rígidas, donde prima el PIB per cápita como indicador exclusivo. Superar esta restricción anticuada y avanzar hacia un cambio en las lógicas del financiamiento internacional del desarrollo requiere esfuerzos conjuntos más allá de la AGCID. Otras dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otros actores estatales, deben articular un relato coherente y un plan estratégico sobre el Desarrollo en Transición, que se despliegue en las instancias internacionales de cooperación en las cuales participen el gobierno central.
